Nota de opinión publicada en La Voz del Interior, 10 Nov 2018.
Por Horacio Etchichury y Magdalena Álvarez (director y codirectora de GIDES).
Acabamos de recibir un nuevo llamado a la acción. El Comité de Naciones Unidas encargado de controlar el cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicó hace pocos días su informe periódico (titulado “Observaciones finales”) sobre nuestro país.
Integrado por 18 expertos, el Comité recomendó a la Argentina revisar las medidas de austeridad a fin de garantizar los derechos consagrados en el Pacto. Como principio, no se admiten medidas regresivas; es decir, recortes en los derechos.
La Ley de Presupuesto –sostiene el Comité– debe elaborarse con un enfoque de derechos humanos y de género, evitando un impacto desproporcionado de la crisis sobre los sectores desfavorecidos.
No son apenas palabras. Argentina ratificó este Pacto hace 30 años, y desde 1994 este tiene la misma jerarquía que la Constitución. Hay un doble compromiso del Estado: con la comunidad internacional y con su pueblo.
En 2012, nuestra Corte Suprema de Justicia –en un recordado fallo sobre el derecho a la vivienda– reconoció a este Comité como el intérprete autorizado del Pacto. Por eso el informe –publicado cada cinco años– obliga a actuar.
Compromisos
El Comité recomienda volver a la anterior fórmula de actualización de jubilaciones y asignación universal por hijo (ley número 27.160), porque la aprobada en diciembre pasado impacta de modo negativo sobre el derecho a la seguridad social. También insta a restituir las pensiones por discapacidad canceladas y a suspender el decreto 432/97.
En otro párrafo, señala que el Estado argentino debe cumplir la Declaración de Purmamarca (2016), firmada por los ministros de Educación provinciales junto con el titular de la cartera nacional.
Allí se comprometieron a mantener el presupuesto educativo en el seis por ciento del producto interno bruto. Aquí el Comité no fija una obligación nueva, sino que recupera un objetivo asumido por el Estado mismo.
Acerca del derecho a la vivienda, los servicios de gas y electricidad –según el Comité– deben ser asequibles para toda la sociedad, por lo que insta a subsidiar los costos.
Además, señala que ciertas normas sobre desalojos –como las leyes 24.441 y 17.091– implican un recorte en el derecho a la vivienda, no garantizan el debido proceso ni fijan protocolos para la actuación de la fuerza pública.
El Comité recomienda –en materia de derecho a la salud– garantizar en todas las provincias la aplicación del protocolo para abortos no punibles, definido por la Corte Suprema en 2012.
En Córdoba, todavía está suspendido por orden judicial. También recuerda que la Ley Nacional de Salud Mental obliga a cerrar los manicomios antes de 2020.
El informe insta a reglamentar la ley 14.783 de la provincia de Buenos Aires, aprobada en 2015: esta fija un cupo laboral del uno por ciento para personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público. Otra vez se destaca un compromiso ya legalmente consagrado.
La demarcación de las tierras comunitarias de los pueblos indígenas y la entrega de los títulos correspondientes forman parte del informe, al igual que la necesidad del consentimiento previo e informado de estos pueblos en caso de concesionar la explotación de las tierras que tradicionalmente ocupan.
El Comité indica también la necesidad de regular a partir del principio precautorio el uso de los herbicidas, y menciona de modo expreso el glifosato.
Varias recomendaciones más apuntan a que Argentina garantice de forma progresiva los derechos consagrados en el Pacto voluntariamente ratificado: la protección de los empleos existentes, la reducción de la informalidad laboral, la garantía de las negociaciones colectivas, la provisión de asistencia legal gratuita y la restauración de derechos para víctimas de violencia de género y de trata, así como la creación de un sistema público de cuidados para conciliar la vida laboral y familiar de las personas.
Estas “observaciones finales” nos brindan una evaluación independiente –por expertos ajenos a la política interna– acerca de las obligaciones del Estado argentino en derechos sociales.
Cada recomendación es un llamado a actuar. ¿Cómo responderán las bancadas del Congreso y de las legislaturas? ¿Qué harán el Poder Ejecutivo y sus ministerios? ¿Hay vocación de cumplir en nuestros tribunales, en nuestra Corte Suprema de Justicia?
Por supuesto, la tarea corresponde también a la ciudadanía: estas palabras para comunicar lo que dice el informe son nuestra primera contribución.
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